En la Estrategia de Seguridad y Defensa de España, al igual que en la Estrategia Europea de Seguridad diseñada por la UE, se definen los principales peligros y amenazas a la seguridad, de entre ellos, el terrorismo, si hacemos caso al discurso oficial de los estados, la amenaza más relevante y urgente son los posibles ataques terroristas.
Pero el terrorismo tiene una dificultad, no hay consenso en la comunidad internacional sobre cómo definirlo. Naciones Unidas no ha sido capaz de ello, a pesar de haberlo intentado. Por una razón muy simple, porque en situación de guerra o conflicto armado, en la lucha de la población para dar respuesta a una agresión u ocupación extranjera, contra el colonialismo o contra un régimen opresor que reprime los derechos de la población, acusó a los grupos que practican la resistencia armada de terroristas es inadecuado, y muchos estados se han negado a ratificar una definición que negara el derecho a rechazar con violencia una agresión violenta. Es el llamado derecho a la defensa practicado por maquis, partisanos y guerrilleros a los que no se puede acusar de terroristas, ya que sería tanto como considerar a Che Guevara o Viriato como tales.
Otra cosa son los escrúpulos morales y consideraciones políticas que se puedan tener sobre los métodos utilizados por estos grupos armados. Esta misma prevención es extensible al llamado terrorismo de Estado, practicado de una manera o de otra por muchos estados. Robespierre y Pinochet lo instalaron como política de Estado y muchas acciones practicadas de manera ilegal desde las cloacas del Estado podrían ser denominadas como terrorismo. En España, por ejemplo, los GAL.
Esta reflexión de Pedro Ortega del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, es muy interesante y me remite a un caso actual: La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer un escrito de acusación muy duro para los presuntos autores del agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu (Navarra), hechos que el Tribunal Supremo ya declaró que tenían carácter terrorista. El fiscal José Perals solicita 62 años y medio de cárcel para uno de los acusados ​​y 50 años de cárcel para seis jóvenes implicados en la paliza, según el escrito fiscal.
El ministerio público solicita 12 años y medio de prisión para cada uno de los cuatro delitos de lesiones terroristas (uno por cada agente y sus respectivas parejas) que atribuye a cada acusado. Además, a Ohiana Ciordia le suma 12 años y medio por amenazas terroristas, que hace una cifra total de 62 años y medio de prisión. Los seis procesados ​​que se enfrentan cada uno de ellos a 50 años de prisión son Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola y Iñaki Abad. Para Ainara Urquijo, el ministerio público solicita 12 años y medio de cárcel por amenazas terroristas.
Aunque siendo un acto condenable, 62 años de cárcel me parece una barbaridad, como me lo parece solicitar 12 años de prisión por amenazas a la Guardia Civil, es una desmesura que sólo se puede dar en una dictadura democrática como es el española, o una dictadura bolivariana que es lo más parecido, sobre todo teniendo en cuenta que en cuanto la Guardia civil ha amenazado, asesinado o torturado a ciudadanos, no ha recibido ni de lejos este castigo desmesurado.